¿Cobraría dinero por algo que piensa donar? Esto pasó en la Red Asistencial Arequipa de EsSalud en 2021. Se marqueteó que la empresa CYMED MEDICAL SAC donó de buena voluntad un tomógrafo para los asegurados del hospital Yanahuara, pero no se dijo que antes el privado cobró alquiler del equipo por S/ 3.5 millones a dicho nosocomio. Contraloría recomendó sanciones administrativas para 10 funcionarios, sin embargo, casi todas fueron archivadas en la gestión del gerente Yilbert Zeballos Pacheco.
Elmer Mamani
Limpios de cualquier responsabilidad administrativa quedaron los servidores involucrados en el irregular alquiler-donación de un tomógrafo por S/ 3.5 millones para el hospital III Yanahuara de la Red Asistencial Arequipa (RAA) de EsSalud. En diciembre del 2022, la Contraloría emitió su informe de control N°062-2022 en que concluye que hubo un perjuicio de S/ 1 millón 956 mil 499 para la entidad y sus asegurados por este procedimiento. De las 10 personas identificadas y recomendadas para recibir una sanción por su participación en las irregularidades, solo a 1 se castigó, pero de forma muy leve. Entre los perdonados está el propio y actual gerente de la RAA, Yilbert Zeballos Pacheco.
Antes que el ente de control se pronunciara, se denunció que el hospital Yanahuara alquiló un tomógrafo a la empresa CYMED MEDICAL SAC por seis meses (S/ 599 mil cada mes) y que, tras cumplirse el servicio, el equipo tenía que ser donado. Los hechos se dieron en medio de la pandemia COVID-19, entre el 2020 y 2021. Sin embargo, el costo total del arriendo superaba al del propio equipo. Además, se desconoció la compra del nivel central de un tomógrafo nuevo para el mismo nosocomio y que no pudo instalarse. Las irregularidades llegaron a afectar a los pacientes porque se pagó al privado con presupuesto para medicinas.
El donativo se marqueteó como un acto de buena voluntad de CYMED MEDICAL y que viabilizó el nosocomio junto a la RAA. El 6 de diciembre del 2021, medios digitales como HBA o Click rebotaron la nota de prensa, remarcando que el donativo servirá a los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades. Sin embargo, se ocultó que meses atrás el privado cobró una millonaria suma por arrendar el mismo equipo.
GERENTE Y ABSUELTO
El médico Zeballos Pacheco fue el primero en ser absuelto de las anomalías cometidas cuando ejercía la dirección del hospital Yanahuara, entre el 2020 y 2021. La Resolución N°122 fue emitida y firmada el 27 de diciembre del 2023 por Susan Espinoza Villagómez, entonces jefa de la Oficina de Recursos Humanos. Esto, 12 días después de la designación de Zeballos como gerente de la RAA, el 15 de diciembre del 2023. “Declarar no ha lugar imposición de sanción y el archivo del procedimiento administrativo disciplinario”, concluyó Espinoza.
Contraloría instó a que Zeballos tenga un castigo porque convalidó el procedimiento del equipo cuando conocía de la compra en curso de uno nuevo, pero de la sede central. Mediante la Nota N°161 de junio del 2020, Zeballos, como director del Yanahuara, solicitó el alquiler-donación a Yuri Vilca, entonces jefe de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria. El pedido lo realizó tras el informe N°39-2020 de Braulio Calisaya Machicado, jefe del Servicio Diagnóstico por Imagen del nosocomio, donde informó que el tomógrafo que tenían estaba obsoleto.
El 16 de diciembre, el propio galeno envió los términos de referencia para la extraña contratación con el Memorándum N°660-2020, al jefe de la Oficina de Administración, Edinson Llempén Neciosup. Con ello, no consideró la opción de tercerización del servicio solicitada días atrás por Calisaya para 49 tomografías diarias. Es decir, Zeballos insistió con el alquiler-donación. Tampoco acreditó que el valor del equipo no fuera superior al del alquiler pese a que fue advertido por la Unidad de Programación de EsSalud.
El funcionario se lavó las manos de cualquier imputación. Primero indicó bajo declaración jurada que no firmó el Memorándum N°660-2020 y que se lo ordenó a Víctor Hugo Enríquez Mansilla, entonces jefe de Planeamiento y Calidad del hospital Yanahuara. Meses después presentó su documento de descargos del 25 de abril del 2023. Ahí, aclaró que dentro de sus funciones no le corresponde aprobar contrataciones, que desconocía que se favorecía a CYMED MEDICAL SAC, que la culpa es de otros funcionarios, entre otros. Hay que precisar que la empresa no es desconocida para Zeballos. Cuando fue gerente de la Red Asistencial Pasco (2004-2011) su gestión adquirió Rayos X al mismo privado y también se generó cuestionamientos.
Otro punto es que los descargos para su defensa tienen párrafos iguales al de los descargos de Enríquez, quien presentó su carta el 19 de junio 2023. Ambos tienen el mismo abogado, Dante Cervantes Anaya, que firmó y habría redactado las cartas. Según Contraloría, Enríquez Mansilla también gestionó el alquiler donación, un procedimiento irregular. Luego aprobó los términos de referencia (TDR) sin percatarse que el costo del alquiler del tomógrafo era mayor que el equipo. Luego suscribió la recepción de la instalación. Sin embargo, el jefe de Recursos Humanos, Carlos Murillo Tapia, archivó su caso con la Resolución N°042-2024 porque no está entre sus funciones la adquisición ni supervisión de servicios.
JUEZ Y PARTE
Zeballos intervino en algunos procedimientos disciplinarios cuando debió inhibirse al estar también comprometido por el mismo caso. Elaboró el informe de instrucción N°003-2023 del proceso disciplinario contra Wilfredo Bernabé Ortiz, quien fuera jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo de la RAA. Contraloría le achacó a Bernabé no supervisar que se cumpla lo estipulado en las contrataciones del Estado. Además de elaborar el documento de costo beneficio del irregular procedimiento sin sustentar la suma de S/ 3.5 millones con precios. Para Contraloría contribuyó al perjuicio económico.
Sin embargo, para Zeballos no tuvo ninguna responsabilidad por que no está entre sus funciones aprobar procedimientos de contratación. La Oficina de Recursos Humanos hizo caso a Zeballos y emitió la Resolución N°041-2024 con que decide archivar su caso. Bernabé la sacó barata, porque el informe de precalificación pedía hasta 12 meses de suspensión sin pago de sueldo.
El funcionario además firmó las resoluciones de archivo de Edinson Llempen Neciosup y el castigo leve para Yuri Conti Benavides. Llempen era jefe de la Oficina de Administración de la RAA. El ente de control detectó que no cauteló el cumplimiento de las disposiciones de las contrataciones, calificó de “muy urgente” el alquiler-donación cuando no está regulada, tampoco coordinó ni solicitó autorización a la sede central, entre otros. Igual de grave para Contraloría es que visó la disposición para que se usará presupuesto de las partidas de “Medicinas y Servicios Contratados” para los pagos a CYMED MEDICAL afectando el abastecimiento y entrega de los fármacos en los centros de atención de toda la Red.
Tampoco hubo medidas correctivas en el caso de Llempen. La entonces jefe de Recursos Humanos, Espinoza Villagómez, recomendó en su informe archivar porque se dio la contratación en una situación de emergencia por la pandemia. Con ello, el gerente Zeballos con la resolución N°595, concluyó que Llempen está exento de responsabilidad y lo absolvió.
Uno de los más beneficiados de la mano blanda de la RAA es Conti Benavides. Mediante la Resolución N°606 rubricada por Zeballos solo se sancionó con 5 días de suspensión sin goce de haber, cuando la recomendación en precalificación de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD), era la destitución.
Conti fue jefe de la Oficina de Adquisiciones de la RAA. Contraloría le endilgó incumplir lo regulado en las contrataciones del Estado y tener conocimiento de la compra de un nuevo tomógrafo por la sede central. También Conti entregó términos de referencia para una modalidad de contratación que no existe y elaboró un informe de indagación de mercado en base solo a la cotización de CYMED MEDICAL, sin advertir que la empresa no contaba con experiencia en el rubro. Con la Resolución N°606-2024 firmada por el propio gerente Yilbert Zeballos, como órgano instructor, solo se le sancionó con 5 días de suspensión.
MÁS CASOS
Braulio Encarnación Calisaya Machicado es otro servidor que se salvó de castigo. Se encargó de la jefatura de Servicio de Diagnóstico por Imágenes del hospital III Yanahuara. Contraloría le achacó firmar el comparativo de precios con la única cotización de CYMED MEDICAL SAC, firmar los formatos de recepción del tomógrafo y suscribir la conformidad de los meses de alquiler, entre otros.
Contra el funcionario se recomendó hasta 12 meses de suspensión sin pago. Luego el informe de instrucción N°007-2024 consideró bajar la pena a solo 10 días. Sin embargo, la Resolución N°052-2024, firmada por e jefe de la Oficina de Recursos Humanos, Carlos Murillo Tapia, decide no acatar la sugerencia y dispuso archivar el procedimiento.
El mismo desenlace tuvo el proceso contra Verónika Pastor Muñoz, era la jefa de la Unidad de Programación de la Oficina de Adquisiciones de la RAA. A través de la Resolución N°036-2024 se concluyó que no tiene ninguna responsabilidad por actuar en una situación de catástrofe o desastre como fue la pandemia. El ente de control la culpó de no advertir que el alquiler-donación es un procedimiento inexistente, que no observara los términos de referencia y obviar la aprobación de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria.
Para Pedro Llerena Vargas se pidió hasta 12 meses de sanción por su actuación como jefe de la Oficina de Finanzas de la RAA. Contraloría manifestó que no cauteló el presupuesto de la entidad y que solicitara fondos de las partidas de medicinas y servicios contratados para pagar los meses de alquiler del tomógrafo a CYMED MEDICAL SAC. Al final se dispuso que saliera libre de los cargos.
Mientras que los procesos para el entonces gerente de la RAA, Edilberto Salazar Zender, y el gerente encargado, Yuri Vilca Rojas, fueron derivados a la Sub Gerencia de Procedimientos Disciplinarios en mayo del 2023, por ser competente la Gerencia Central de Operaciones de la sede central. Ambos casos tuvieron similar conclusión. Contraloría no solo pidió sanciones administrativas, sino también civiles y penales, pero estos procesos son una historia aparte.