Testimonios, documentos oficiales y estudios clínicos respaldan acusaciones de presunta afectación a la salud y el medio ambiente alrededor de las operaciones mineras de Southern y el Grupo México al sur del Perú. Los casos de Cuajone, en Moquegua, y Toquepala, en Tacna, están entre los más graves. Mientras tanto, Southern intenta revertir judicialmente algunas de sus sanciones de los últimos 16 años que, en total, superan los S/ 1.9 millones en multas.
Por Elmer Mamani y Zintia Fernández.
l tajo abierto de la mina Cuajone tiene una profundidad de casi un kilómetro. Los anillos que conducen al fondo de su cráter forman un abismo que, al mirarlo fijamente, produce vértigo. Desde el cerro del frente se puede observar el epicentro de las operaciones mineras: hay movimiento de camiones la tarde del tercer sábado del mes de septiembre. Desde hace 48 años, Southern Perú extrae cobre casi ininterrumpidamente de este yacimiento ubicado en el distrito agrícola y ganadero de Torata, en la región de Moquegua, al sur del Perú.
Una parte de las operaciones mineras discurren por donde, en el pasado, corría un tramo del río Torata. Para esto, en el año 2000, Southern Perú construyó un dique que regula su cauce: el afluente evita los desmontes a través de un túnel subterráneo de 9,8 kilómetros. Al finalizar dicha infraestructura, el río Torata vuelve a su cauce natural para, kilómetros más adelante, regar los cultivos de las localidades del distrito del mismo nombre.
En el cauce donde transcurría antes el río, la minera almacena los desmontes que sustrae del tajo abierto. Este material contiene fragmentos de roca mineralizada impregnados de hierro, cobre y otros metales. En total existen seis depósitos de desmonte de más de 1.200 hectáreas en Cuajone. El objetivo del túnel es evitar, precisamente, que este mineral impacte en las aguas del río. Pero esto no siempre resultó así.
“El río Torata en realidad es un botadero”, dice Salustiana Juárez Amesquita mientras camina hacia sus cultivos de palta, que son regados por las aguas del río Torata que pasaron por debajo de las operaciones mineras. Ella es una agricultora de 64 años, habitante de uno de los anexos más cercanos al complejo minero: Torata Alta, a 12 kilómetros del tajo abierto de Cuajone. En 2015, un estudio de sangre confirmó que Salustiana tiene metales pesados en el cuerpo.
Sala Negra conversó con ella y otros agricultores que reclaman al Estado preocuparse por su salud. Salustiana es un caso, pero no el único. Estudios particulares y del propio Ministerio de Salud han confirmado que la población cercana a las operaciones mineras presenta altas cantidades de metales en el cuerpo.
En paralelo, este medio revisó documentación de los procesos sancionadores en contra de la empresa del Grupo México que revelan, en varios casos, un accionar negligente. También se verificó que la minera busca anular varias sanciones por la vía judicial. Una práctica que se ha vuelto sistemática.
Estas revelaciones se dan en medio de las intenciones de Southern Perú de ampliar por más años las operaciones de Cuajone, así como de reanudar su proyecto minero Tía María en la región de Arequipa, que le costaron la vida a seis pobladores arequipeños y un policía entre el 2011 y 2015.
“No vamos a permitir que se dé la ampliación de la mina Cuajone. La empresa sabe que todo Torata está en su contra y no les conviene”, advierte Valois Vera, presidente de la Junta de Usuarios de Torata.
Salustiana y otros agricultores de Torata Alta están convencidos de que los desmontes de la mina Cuajone generan contaminación. Según aseguran, las lluvias caen en los depósitos de rocas mineralizadas y luego discurren hacia el río Torata. “Toda el agua contaminada baja hacia nosotros”, denuncia. De hecho, esto fue documentado años atrás por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El 8 de febrero del 2019, lluvias intensas castigaron al distrito de Torata, un evento del que la minera tenía conocimiento debido a las alertas meteorológicas oficiales, según el expediente del caso. Tras el aguacero, en redes sociales circularon videos donde se alertaba que la lluvia había ocasionado una fuga de relaves dentro de las operaciones de la mina. Días después, la OEFA descartó algún impacto ambiental.
Sin embargo, un líquido verdoso con altas concentraciones de cadmio, cobre, zinc y hierro sí alcanzó el cauce del río Torata, según queda constatado en el expediente del proceso sancionador contra la empresa.
La sustancia provenía del denominado “desmonte 1-5”, el más antiguo de la unidad minera y cercano al punto en que las aguas del río Torata retornan a su cauce natural. Según el propio reporte de la minera, la emergencia ambiental inició a las 09:50 horas y duró dos días, durante los cuáles dicho flujo verdoso discurrió por dos quebradas con dirección al río Torata.
La empresa construyó tres pozas de contención cerca a la ribera del río, para impedir que la sustancia avance. De estas, un grupo de camiones cisterna succionaban el líquido para transportarlo a su centro de operaciones. Sin embargo, según detectó OEFA, las pozas no tenían protección, es decir las bases no estaban impermeabilizadas para evitar que el líquido de todas maneras se infiltre o se desborde hacia el río. Lo que finalmente sucedió: parte de la sustancia se mezcló con las aguas del río, concluyó OEFA.
El “desmonte 1-5”, fuente del líquido verdoso, ocupa 391 hectáreas: casi 476 campos de fútbol. Se ubica entre el tajo abierto de Cuajone y de lo que era el cauce natural del río Torata. Hasta la fecha de la emergencia, almacenaba 660 toneladas de rocas. El OEFA alertó que el depósito tenía alto potencial para generar “drenaje ácido de roca”, por lo que se debió evaluar las condiciones ambientales de la zona. Más aún, porque dicho desmonte no contaba con una estructura que la contenga ni un manejo de filtraciones en caso hubiera lluvias.
Días después de la emergencia climática, el OEFA tomó cuatro muestras de las aguas del río Torata. Los resultados advirtieron que todas superaban los estándares de calidad ambiental por la presencia de aluminio, cobre, hierro, zinc y bario. Mientras que el líquido verdoso que alcanzó el cauce no cumplía las condiciones permisibles para ser descargados al río, por sus altas concentraciones de cadmio, cobre y zinc.
A 1,5 kilómetros de las pozas, OEFA también detectó que otro desmonte filtraba la sustancia que alcanzaba al río. En esa zona, un pequeño dique construido para justamente evitar filtraciones era sobrepasado por la descarga de dos tuberías. El acceso al desmonte estaba obstruido, lo que impidió una mayor supervisión del OEFA. En ese momento, además, la minera no acreditó si esta descarga directa cumplía con la calidad ambiental exigida.
Con todo esto, el informe de supervisión del OEFA concluyó que hubo impacto en el suelo y en el afluente, y recomendó sancionar a la minera.
Total por sanciones: S/ 716,118.49
Total por sanciones: S/ 198,824.39
Total por sanciones: S/ 879,765.34
Total por sanciones: S/ 53,797.03
Total por sanciones: S/ 90.613,00
Fuente: Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, actualizado al 31 de diciembre de 2023
Salustiana Juárez tiene metales pesados en el cuerpo. Lo revela en medio de lo que queda de su plantación de paltas. El 29 de mayo del 2015, cuatro años antes de la filtración de Cuajone, el laboratorio de la Universidad Católica Santa María de Arequipa analizó su sangre. De cinco metales analizados, el de cadmio y plomo superaron los niveles normales en su organismo.
Bajas cantidades de cadmio, pero prolongadas, pueden ocasionar una enfermedad renal. Mientras que el plomo ataca cerebro, hígado, riñones y huesos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una muestra de sangre de Salustiana Juárez y otros 49 adultos mayores de Torata Alta fueron tomados como parte de la investigación. Los resultados revelaron que el 72% de las muestras analizadas tenía cadmio; el 58%, plomo; y el 16%, aluminio por encima de los valores establecidos por la OMS. “Mi papá murió con cáncer de estómago y mi mamá con cáncer al pulmón. Ellos no tomaban agua potable, tomaban agua del río”, dice Salustiana.
En Yacango, otro anexo del mismo distrito y que también utiliza agua del río Torata, este mismo estudio también recogió muestras a 50 adultos mayores: el 100% tiene cadmio en sangre y 26% aluminio fuera de lo normal.
Desde el 2006, los pobladores de Torata Alta ya no consumen agua del río, explica Carlos Zapata Valdez, presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Pero el río aún se usa para el ganado y los cultivos. Aquel 2006, la población de Torata Alta decidió consumir agua de un manantial porque notaron muchos cambios en el río. “Hasta yo tengo metales pesados en el cuerpo”, asegura el dirigente.
Zapata fue el encargado de informar los resultados de laboratorio a diversos agricultores. “Fue penoso hacerlo”, señala. Uno de estos fue Paula Coayla Flores, aunque ella perdió el documento con sus resultados finales. La agricultora de 78 años indica que las profesionales también le tomaron muestras de sangre en el colegio de Torata Alta y superó los niveles normales en metales. “Debo estar enferma”, presiente.
Según Zapata, después del estudio del año 2015, no se volvió a tomar muestras de sangre en Torata Alta. Nunca más se preocuparon por ellos, agrega.
La Dirección Regional de Salud de Moquegua asegura que, entre el 2016 y 2023, se tomaron muestras de orina a 563 personas de Torata y su anexo Yacango, para medir la presencia de arsénico en sus cuerpos. Más no hay evidencia de que se hicieran pruebas en Torata Alta.
Aún así, los resultados son alarmantes: el 85% tiene arsénico por encima de lo normal. “Ya sabemos que la gente tiene metales pesados, lo que queremos saber es por qué”, pregunta Pedro Mamani Ramos, director del colegio Vidal Herrera Díaz de Yacango.
Precisamente, en 2019, otro estudio en Yacango detectó que 60 escolares del colegio Vidal Herrera Díaz, de entre 6 y 12 años, tenían niveles altos de arsénico en sangre. Ante esto, el Ministerio de Salud hizo otra prueba a 136 alumnos del mismo plantel que confirmaron los resultados: el 86% superó el nivel permitido de arsénico.
“No hubo interés del Gobierno Regional de Moquegua para identificar las causas (…) Nunca se ha hecho un seguimiento o padrón para el tratamiento de los escolares. Han pasado cinco años y muchos ya han terminado la secundaria”, precisa Mamani Ramos.
“No hacen nada por nosotros”, increpa el agricultor Menardo Zaravia a dos enfermeras que llegaron a Torata Alta para cumplir una campaña de vacunación, en septiembre de este año. Zaravia prefiere que le hagan análisis para conocer su estado de salud ante las filtraciones desde los desmontes de Cuajone. También acusa que la calidad del agua del río empezó a cambiar después que iniciaron las operaciones mineras, en 1976.
“Teníamos agua del río de calidad, con truchas, sapos. Nosotros incluso consumíamos agua de los canales para preparar nuestros alimentos”, sostiene. Entre los años 1980 a 1990, Menardo Zaravia indica que perdió 15 animales principalmente por diarreas, entre toretes, vaquillonas y vacas. “El pelaje se les cae, ya no comen, ya no crecen”, señala.
Otro poblador que acusa pérdidas es Juan Coayla Flores de 75 años, hermano de Paula Coayla. En su parcela enseña los troncos secos de sus paltas. Otras matas sobreviven, pero con frutos negros. Este año se marchitaron 80 de sus matas. “Nosotros como agricultores, nunca hemos tenido este problema, esta enfermedad de las paltas. Pensamos que es producto de la contaminación ambiental, del agua”, asegura.
Mientras, Salustiana Juárez recuerda que 12 años atrás sembró 350 matas en su chacra, pero progresivamente se murieron: “Se ponen amarillentas y empiezan a secarse”. Pese a años de incertidumbre no hay un estudio concluyente o interés de las autoridades regionales por hacerlo, que determine las causas.
Tras cuatro años de iniciado el proceso administrativo por la emergencia ambiental en Cuajone, este concluyó en febrero del 2023. El Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA confirmó sancionar a Southern Perú con 17.7 UIT (alrededor de S/ 92 mil para la fecha). El organismo supervisor halló que la minera no adoptó medidas de prevención para impedir el derrame, no implementó un plan de contingencias y no entregó los reportes sobre la calidad de descarga del líquido verdoso al río Torata.
Por la emergencia ambiental, el OEFA ordenó a Southern Perú acatar acciones preventivas. Sin embargo, su presunto incumplimiento acarreó el inicio de un segundo proceso. La fiscalización del OEFA concluyó que, luego del desastre ambiental, la minera no implementó “un sistema de contención que colecte y derive (las) filtraciones del desmonte” en una de las quebradas. Por ello fue multada con otras 4.6 UIT (alrededor de S/21 mil).
Esta segunda sanción también fue ratificada por el Tribunal, en última instancia administrativa, en enero del año 2022. Sala Negra tuvo acceso a ambos expedientes y a sus informes de supervisión por medio de un pedido de información ante el OEFA.
“Si hay una sanción es porque generó un impacto sobre el ambiente. Eso podría ser grave”, indicó el especialista en materia ambiental, César Ipenza. El experto además enfatizó que estos incidentes no deberían ser comunes porque existen instrumentos ambientales para prevenir, mitigar o eliminar el impacto que pueda tener una actividad minera.
A pesar de las sanciones por las filtraciones de febrero del 2019 en Cuajone, Southern busca revertirlas. Judicialmente, la empresa ha pedido anular la sanción. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima decidió no darle la razón en abril del 2024 y la transnacional apeló cuatro meses después. A la fecha, está pendiente una decisión final.
Pero este no es el único caso en que acudió al fuero judicial. Usando la Ley de Transparencia, Sala Negra confirmó que Southern ha demandado al OEFA hasta en siete oportunidades.
El archivo del Poder Judicial detalla, por ejemplo, que anteriormente Southern ha logrado revocar su responsabilidad por conductas infractoras también en Cuajone. Por ello ya no es culpable de una prueba piloto en que colocó infraestructura para proyectos de lixiviación, sin requerir un estudio ambiental. En esa oportunidad, OEFA halló dos pozas impermeabilizadas con restos de mineral en el año 2013. La Cuarta Sala Contencioso Administrativa de Lima le otorgó la razón a Southern y revocó la sanción en una segunda instancia.
Otro caso judicial reciente promovido por la subsidiaria del Grupo México busca anular una multa de 83.3 UIT por incumplir monitoreos a la calidad de aire, agua superficial, subterránea, ruido y otros en sus operaciones de Toquepala, otra mina con la que también explota cobre en la región sureña de Tacna. El OEFA ratificó la responsabilidad de la empresa. Sin embargo, Southern pidió su nulidad, la que aún está en evaluación en el Poder Judicial.
Un tercer caso involucra la mayor penalidad contra la minera: 112 UIT (alrededor de S/447 mil) por cometer diez infracciones que afectaron al medio ambiente durante sus operaciones en la Fundición y Refinería de Ilo, en Moquegua. OEFA determinó, entre otros, que sus operaciones de cobre afectaron el suelo y el aire fuera del área de almacenamiento. Southern Perú intentó anular el castigo hasta en una casación judicial, pero la Corte de Lima no le dio la razón.
Valois Vera Mamani asegura que esta práctica de Southern viene de años atrás. Hace 20 años, por ejemplo, recuerda que sucedió algo similar. Vera es agricultor y actual presidente de la Junta de Usuarios del distrito de Torata. “No tenían bien controlados sus desmontes durante las lluvias y las filtraciones bajaban por la quebrada hasta el río. La empresa judicializó el caso y le dieron la razón”, menciona tras dar una pausa a sus labores en su chacra.
No son pocas las sanciones firmes a nivel administrativo que ha recibido Southern Perú entre los años 2007 y 2023. En esos 16 años fue multada con 462 UIT por el OEFA: un castigo de S/1.9 millones por incumplimientos, negligencias, potencial daño ambiental, derrame y filtraciones que impactaron suelos y un río cercano a sus operaciones.
El 45% de las sanciones económicas pertenecen a la Fundición y Refinería de Ilo (Moquegua). Luego sigue Toquepala (36%). Por último, Cuajone (10%) y los proyectos Tía María (2%) y Los Chancas (4%).
Una sustancia compuesta principalmente por cobre, zinc, arsénico y cadmio recorrió 20 kilómetros de tierra, en el distrito de Ilabaya, provincia tacneña de Jorge Basadre. El 22 de noviembre del 2017, este líquido con una temperatura aproximada de 25 °C se hizo camino por la quebrada Toquepala, discurrió entre vegetación, como el pajonal de puna o arbustos como el “tomatillo”, y estuvo a poco de impactar con el río Cinto. La fuga en el sistema de bombeo de la unidad minera Toquepala ocasionó dicha emergencia ambiental, según OEFA.
No hay una estimación de cuánto líquido fue derramado, pero sí de que alcanzó los 10 metros de ancho en algunos puntos y una altura de 15 centímetros en otros. Cuando arribó el equipo de supervisión especial del OEFA, tres días después, Southern ejecutaba labores de limpieza. Un tractor apilaba el suelo impactado en rumas y un contingente de trabajadores lo rellenaban en costales negros, documenta el expediente de este caso.
Los profesionales de OEFA tomaron 13 muestras del suelo. En ocho hallaron concentraciones de cobre y en una de ellas, zinc, que excedían los valores en la calidad de suelo. “Corroboran que la solución (...) ha alterado la calidad del suelo”, indica el informe de supervisión. Según la transnacional, una falla eléctrica dejó inoperativo el sistema de las estaciones de bombeo provocando la ruptura de la tubería.
Cuatro años después, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA confirmó la existencia de responsabilidad administrativa de la compañía por no adoptar medidas de previsión y control a fin de evitar el derrame. La multa final fue de 12.6 UIT (S/55 mil).
Lo sorprendente es que, durante el proceso, Southern alegó que la fuga era positiva porque el sulfato de cobre, principal componente de la sustancia filtrada, “tiene propiedades benéficas para la salud humana”, “controla enfermedades bacterianas que afecten a cultivos”, así como plagas y puede ser “complemento de alimento de animales de granja”.
Por el contrario, OEFA concluyó que el cobre puede dañar tejidos de las plantas, el zinc reduce su crecimiento y la toxicidad del arsénico ocasiona hojas marchitas, decoloración de raíces y otros. En animales el arsénico puede ocasionar reducción drástica de leche, diarreas y abortos.
Los cuestionamientos ambientales sobre las subsidiarias de Grupo México, sin embargo, no se limitan a Southern y sus operaciones en el Perú. Por ejemplo en México, a más de 6.600 kilómetros de Toquepala, ocurrió el peor derrame de dicho país.
En agosto del 2014, la mina Buenavista del Cobre —así como Southern, parte del Grupo México— vertió miles de metros cúbicos de desechos mineros al río Sonora. Grupo México es de propiedad de Germán Larrea Mota, uno de los hombres más ricos de dicho país. Nunca hubo una remediación ambiental y menos a la salud, reclama Martha Patricia Velarde, ciudadana mexicana que fue afectada por dicho derrame y ahora es integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, tras diez años del desastre.
Los metales pesados ya están haciendo estragos en su cuerpo, indica la mujer. “Sin embargo, la empresa solo reconoció a 381 personas afectadas de los 20 mil que somos”, señala. De manera oficial se reconoce que la contaminación en la zona fue ocasionada por el derrame ocurrido en las operaciones del Grupo México, según el informe de institutos locales.
“Siempre lo he dicho sin ningún miedo: Grupo México es una empresa criminal y así debe ser tratada (…) La táctica que utiliza es ser cercana a los gobiernos porque son los que le permiten que haga lo que hace”, dice Patricia Velarde.
Para este informe nos contactamos con Southern Perú, a través de su área de Comunicaciones. Primero, con sus representantes por celular y luego, formalmente, por correo electrónico. En ambos casos no hubo respuesta. Cuando Óscar González Rocha, número dos del Grupo México después de Larrea, arribó a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) para una inauguración, también se buscó abordarlo. El directivo sólo ratificó la reanudación del proyecto cuprífero Tía María y su personal no permitió que le hicieran más consultas.